La piscina vaciada

A mediados del siglo XX Estados Unidos construyó una de las mayores redes de piscinas públicas del mundo: grandiosas, gratuitas o casi, capaces de acoger a miles de personas. Eran monumentos a lo que el dinero público podía hacer.

Entonces los tribunales ordenaron desegregarlas. Y en un pueblo tras otro la respuesta no fue compartirlas. Fue vaciarlas, llenarlas de tierra y asfaltarlas. En Montgomery, Alabama, la ciudad cerró en 1959 todo su departamento de parques y recreo antes que integrarlo: se cegó la piscina, se vendieron los animales del zoo y los parques quedaron cerrados durante años.

Heather McGhee construye un libro alrededor de esa imagen, y este capítulo se la toma prestada, porque es el enunciado más económico de un argumento que de otro modo lleva mucho tiempo formular: Estados Unidos elige una y otra vez la nada antes que algo que tendría que compartir, y la privación resultante cae sobre todos, incluida la mayoría blanca que la votó.¹

Montgomery fue el patrón en su forma más pura, pero no su primera representación. En San Luis la era de compartir duró una tarde. Cuando la ciudad abrió a los bañistas negros, en junio de 1949, la enorme piscina del Fairground Park, una de las mayores del mundo, una multitud blanca creció a lo largo del día hasta convertirse en una turba que persiguió a bañistas negros y a transeúntes por las calles vecinas con bates y ladrillos. La ciudad volvió a segregar la piscina a la mañana siguiente en nombre del orden público; un tribunal federal la reabrió a todos el verano siguiente; la asistencia blanca se desplomó, y en pocos años la gran piscina fue cerrada y demolida. No nadó nadie.²

Y cuando la maniobra llegó por fin al Tribunal Supremo, quedó bendecida. Jackson, Misisipi, obligada a desegregar sus cinco piscinas públicas, cerró cuatro y entregó la quinta a la YMCA, que la gestionó para blancos. En Palmer contra Thompson (1971), cinco jueces sostuvieron que una ciudad que vacía sus piscinas para todos no niega a nadie la igual protección: no hay derecho constitucional a nadar, y una privación compartida no es un daño que la ley pueda ver. La Constitución, así interpretada, prohibía un bien público segregado, pero no la abolición de los bienes públicos como tales. Protegía el agua solo mientras hubiera agua.

El patrón, no la anécdota

Las piscinas no son una excentricidad aislada. La misma decisión se repite en toda la arquitectura de la provisión pública estadounidense.

Las escuelas. El condado de Prince Edward, en Virginia, cerró todo su sistema escolar público de 1959 a 1964 antes que desegregarlo, mientras los niños blancos asistían a una academia privada sostenida con becas estatales. Los niños negros del condado perdieron hasta cinco años de escolarización.

El Estado de bienestar nació segregado. La Ley de Seguridad Social de 1935 excluyó a los trabajadores agrícolas y domésticos, una categoría que cubría aproximadamente a dos tercios de los trabajadores negros de la época. La exclusión fue el precio de los votos demócratas del Sur. La ley del soldado desmovilizado (GI Bill), formalmente ciega al color, se administraba localmente: a los veteranos negros se los apartaba de las universidades y se les negaban las hipotecas que construyeron la clase media blanca, mientras los manuales de suscripción de la Administración Federal de Vivienda favorecían explícitamente los barrios racialmente homogéneos y trazaban líneas rojas sobre el resto. La clase media estadounidense de posguerra la crearon programas públicos de los que las familias negras quedaron sustancialmente excluidas; esto está documentado en los propios mapas y manuales del gobierno.³

Las ayudas en efectivo. La Ayuda a Familias con Hijos Dependientes fue políticamente anodina mientras su beneficiaria imaginada fue una viuda blanca. El politólogo Martin Gilens demostró después el mecanismo con inusual precisión: la hostilidad estadounidense al «welfare» (un programa popular bajo casi cualquier otro nombre) sigue a la creencia de que sus beneficiarios son negros, y esa creencia sigue a las fotografías y no a los expedientes. Desde mediados de los sesenta, justo cuando la cobertura de la pobreza en las revistas informativas pasó de rostros blancos a rostros negros, los pobres del imaginario nacional se volvieron indignos y el apoyo se derrumbó.⁴ Reagan suministró el icono en la campaña de 1976: la «reina del subsidio» de Chicago que conducía un Cadillac, una estafadora real y genuinamente espectacular llamada Linda Taylor, cuya singular carrera delictiva se promovió hasta convertirla en el retrato de todo un padrón. Veinte años después, un presidente demócrata completó la secuencia firmando la ley de 1996 que «acabó con el welfare tal como lo conocemos»: el derecho se convirtió en una subvención en bloque, se le pusieron límites temporales y las listas cayeron más de la mitad, expulsando también a familias blancas pobres. El desagüe no comprueba el color del bañista.

La sanidad. La propuesta de seguro nacional de salud de Harry Truman de 1945–48 murió en comisiones presididas por demócratas sureños, para quienes financiación federal de hospitales significaba desegregación federal de hospitales. Cuando llegó Medicare en 1965, su aplicación desegregó los hospitales casi de la noche a la mañana, lo que muestra a la vez qué había en juego y qué era posible.⁵ Estados Unidos sigue siendo el único país rico sin cobertura universal, y el apoyo a ampliarla ha seguido a las creencias sobre quién se beneficiaría con deprimente regularidad.

Ni es esto historia antigua. Cuando el Tribunal Supremo hizo opcional para los estados la ampliación de Medicaid de la Ley de Cuidado Asequible en NFIB contra Sebelius (2012), el mapa del rechazo reprodujo la vieja Confederación con un puñado de excepciones. Los estados rechazaron dinero federal que habría asegurado a millones de sus propios residentes a un coste marginal para sus arcas próximo a cero; la brecha de cobertura resultante fue desproporcionadamente negra y numéricamente estaba llena de sureños blancos pobres, concentrados en los mismos condados rurales cuyos hospitales cerraban más deprisa, y que cerraron más deprisa aún en los estados que rechazaron.⁶ Palmer contra Thompson, a mayor escala: nadie recibe el agua.

Y todo lo demás. Una vez aprendido, el reflejo se generaliza más allá de su detonante. Una comunidad política que ha pasado dos generaciones enseñándose que público es sinónimo de suyo deja de construir grandes cosas públicas: el país que construyó las piscinas, las presas y las autopistas interestatales pone hoy a su propia infraestructura notas que rondan el aprobado raspado, y en 2014 la ciudad de Flint, Michigan, de mayoría negra y gobernada entonces por un administrador de emergencia nombrado por el estado, fue conectada a un río corrosivo para ahorrar dinero y se la dejó bebiendo plomo mientras los funcionarios emitían tranquilizadoras notas. Flint se recuerda como una atrocidad racial, y lo fue; debería recordarse también como la piscina otra vez, porque las tuberías son compartidas, y un país que no mantiene lo que comparte acaba envenenando a bañistas de todos los colores.

El hallazgo general no se limita a los críticos de la política estadounidense: la economía convencional ha documentado que las comunidades políticas divididas racial y étnicamente gastan menos en bienes públicos, y ha usado a Estados Unidos como caso principal.⁷

La guerra contra las drogas

Entre 1980 y su máximo, la población estadounidense en prisiones y cárceles pasó de aproximadamente medio millón a unos 2,3 millones, la mayor tasa de encarcelamiento del mundo y un nivel sin precedentes en la historia estadounidense ni paralelo en ninguna democracia comparable. La causa próxima fue la política de drogas.

La prueba legislativa más clara de un objetivo racial es la Ley contra el Abuso de Drogas de 1986, que fijó una disparidad de 100 a 1 entre las cantidades de crack y de cocaína en polvo que activaban la misma pena mínima obligatoria. Las dos sustancias son farmacológicamente la misma droga. El crack se consumía desproporcionadamente en comunidades negras y el polvo desproporcionadamente entre consumidores blancos. Cinco gramos de una y quinientos de la otra acarreaban cinco años. El Congreso redujo la proporción a 18 a 1 en 2010, una reducción, no una abolición, veinticuatro años después.

Entretanto, los datos de las encuestas nacionales muestran de forma consistente tasas de consumo similares entre grupos raciales, mientras que las tasas de detención y encarcelamiento difieren en múltiplos. La tesis de Michelle Alexander (que el encarcelamiento masivo funciona como un sistema de control social racializado que sobrevive al fin formal de Jim Crow, con inhabilitación de por vida para votar, para acceder a vivienda y a empleo) es la referencia estándar, y su núcleo empírico no se discute seriamente.⁸

Existe además una declaración muy citada del jefe de política interior de Nixon, John Ehrlichman, dada a un periodista en 1994 y publicada en 2016, según la cual la administración sabía que no podía ilegalizar estar contra la guerra o ser negro, pero que asociando a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína podía desbaratar esas comunidades. La crónica lo señala con honradez: la cita salió a la luz veintidós años después de darse, la familia de Ehrlichman la discute, y los historiadores del periodo se dividen sobre si describe una intención consciente o es una glosa retrospectiva amarga.⁹ Las leyes y los datos de detenciones no necesitan la cita.

Encarecer la universidad

La Universidad de California no cobró matrícula a los residentes californianos hasta 1970; el Plan Maestro del estado de 1960 había prometido, en la práctica, una plaza gratuita para todo californiano capaz de aprovecharla. Ronald Reagan, como gobernador, sacó adelante los primeros cobros sustanciales (etiquetados al principio como «tasa» para preservar la letra de la tradición de la gratuidad) tras un mandato de conflicto abierto con un movimiento estudiantil contra el que había hecho campaña.

El epígrafe que encabeza este capítulo es de su propio asesor educativo, Roger Freeman, hablando durante la campaña de 1970. Conviene leerlo dos veces. El peligro declarado no es que la educación sea cara; es que demasiada gente educada desestabiliza políticamente. La observación de Freeman llegó justo en el momento en que la educación superior estadounidense se abría, por primera vez y de manera sustancial, a estudiantes negros, a mujeres y a la clase trabajadora.

Nueva York hizo el mismo experimento y obtuvo el mismo resultado. El City College de Nueva York no había cobrado matrícula desde su fundación como Free Academy en 1847, y durante un siglo fue la escalera mecánica de la ciudad inmigrante, la «Harvard del proletariado», que tomaba a los hijos de las casas de vecindad y producía premios Nobel a puñados. En 1970, bajo la presión de las ocupaciones de estudiantes negros y puertorriqueños, la City University adoptó la admisión abierta, y el alumnado cambió de color en cinco años. En 1976, en plena crisis fiscal, con los bancos en poder de los pagarés de la ciudad y dictando austeridad, Nueva York puso fin a la gratuidad tras 129 años. El calendario es el hallazgo: universidad gratuita para la ciudad blanca, préstamos para la más oscura.

Lo que siguió a escala nacional durante cincuenta años: matrículas subiendo mucho más deprisa que la inflación o los salarios, el paso de las becas a los préstamos y un volumen de deuda estudiantil vivo que hoy supera holgadamente el billón de dólares, soportado de forma desproporcionada por prestatarios negros que empiezan con menos patrimonio familiar y terminan con más deuda. Un país que había hecho la universidad casi gratuita para la generación del GI Bill la convirtió en un instrumento de deuda para la generación posterior a la desegregación.

La filosofía suministrada después

Nada de esto podía defenderse en los términos que lo motivaban, así que necesitaba un lenguaje. Se suministraron varios.

«Derechos de los estados» y «ley y orden» hicieron el trabajo en la política electoral, como describió el capítulo 17 a través del propio relato de Atwater sobre la secuencia.

El objetivismo hizo el trabajo en el consejo de administración. El sistema de Ayn Rand (el egoísmo como virtud, el altruismo como vicio, los impuestos como robo, el individuo productivo asediado por parásitos) ofrecía una manera de vivir la negativa a compartir como coraje moral y no como mezquindad. Su influencia no fue marginal: Alan Greenspan formó parte del círculo íntimo de Rand antes de dirigir la Reserva Federal durante diecinueve años. Y la propia opinión de Rand sobre los habitantes originarios del continente, expuesta en West Point en 1974 (que no tenían derecho a un país porque no habían creado una sociedad asentada, y que los europeos hicieron bien en tomarlo) hace explícita la conexión con la doctrina de la mejora del capítulo 9.

La «responsabilidad personal» cerró el circuito, convirtiendo el resultado de cien años de políticas en una descripción del carácter individual.

La cruzada sale al exterior

El mismo imaginario dio forma a la política exterior de la década de 2000. Cinco días después de los atentados de septiembre de 2001, George W. Bush describió la respuesta como una cruzada, palabra que su equipo retiró de inmediato y que fue recibida en el mundo musulmán exactamente como cabía esperar.

La teología viajaba con una economía. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, el documento que codificó la guerra preventiva, se abría anunciando que las grandes luchas del siglo XX habían terminado con «un único modelo sostenible de éxito nacional: libertad, democracia y libre empresa». Un modelo único, recetado para todas las naciones de la tierra: el universalismo misionero del libre comercio del capítulo 16, ahora armado. Lo que el modelo no incluía, en casa, era ninguna de las cosas que las secciones anteriores describen como vaciadas.

La afirmación más difícil del capítulo se refiere a los preparativos de Irak. Jacques Chirac y sus asesores han descrito una llamada telefónica en la que Bush invocó a Gog y Magog (figuras de la literatura profética que el capítulo 17 rastreó a través de Darby y Scofield) al instar a Francia a unirse a la coalición. El equipo de Chirac quedó lo bastante desconcertado como para consultar a un teólogo suizo, Thomas Römer, que después publicó un relato de la consulta. Bush no ha comentado nada; las fuentes son de segunda mano pero de participantes nombrados y de alto nivel.¹⁰

Sea cual sea el estatuto de esa llamada concreta, la clientela descrita en el capítulo 17 estuvo entre los apoyos más fiables de la guerra, y entendía Oriente Medio a través de un marco profético. Y cuando salieron las fotografías de Abu Ghraib en 2004, guardias sonrientes posando junto a presos encapuchados y con correa, Susan Sontag señaló de dónde resultaba ya familiar la composición: de las fotografías de linchamientos en las que estadounidenses blancos habían posado en su día con sus víctimas, impresas como postales y enviadas a casa.¹¹ La línea del color se había exportado, y fotografiaba igual. La guerra de Irak mató como mínimo a varios cientos de miles de personas, desestabilizó la región durante una generación y costó a Estados Unidos billones de dólares, mientras en casa la misma coalición política sostenía que la sanidad universal era inasumible.

Hacia delante

Un país que no arregla su propia agua potable, y que gasta su imaginación pública en cruzadas exteriores, sigue necesitando un relato sobre el futuro. El capítulo 19 examina el que se ofrece: una escatología con mesías, tierra prometida y rapto, para quienes puedan pagar el billete.

Notas

1. Heather McGhee, The Sum of Us: What Racism Costs Everyone and How We Can Prosper Together (Nueva York: One World, 2021), cap. 2; sobre las piscinas en concreto, Jeff Wiltse, Contested Waters: A Social History of Swimming Pools in America (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2007). ↩
2. Wiltse, Contested Waters, sobre el motín del Fairground Park del 21 de junio de 1949 y el abandono de las piscinas municipales tras la desegregación; Palmer v. Thompson, 403 U.S. 217 (1971). Sobre la privatización como estrategia sucesora en términos más amplios, Kevin M. Kruse, White Flight: Atlanta and the Making of Modern Conservatism (Princeton: Princeton University Press, 2005). ↩
3. Ira Katznelson, When Affirmative Action Was White (Nueva York: Norton, 2005); Richard Rothstein, The Color of Law (Nueva York: Liveright, 2017). ↩
4. Martin Gilens, Why Americans Hate Welfare: Race, Media, and the Politics of Antipoverty Policy (Chicago: University of Chicago Press, 1999); sobre Linda Taylor, Josh Levin, The Queen: The Forgotten Life Behind an American Myth (Nueva York: Little, Brown, 2019). ↩
5. Jill Quadagno, One Nation, Uninsured: Why the U.S. Has No National Health Insurance (Oxford: Oxford University Press, 2005); David Barton Smith, The Power to Heal: Civil Rights, Medicare, and the Struggle to Transform America's Health Care System (Nashville: Vanderbilt University Press, 2016). ↩
6. NFIB v. Sebelius, 567 U.S. 519 (2012). ↩
7. Alberto Alesina, Reza Baqir y William Easterly, «Public Goods and Ethnic Divisions», Quarterly Journal of Economics 114:4 (1999), pp. 1243–1284; Alberto Alesina y Edward Glaeser, Fighting Poverty in the US and Europe (Oxford, 2004). ↩
8. Michelle Alexander, The New Jim Crow (Nueva York: New Press, 2010); sobre la disparidad de penas, United States Sentencing Commission, Report to Congress: Cocaine and Federal Sentencing Policy (2007). ↩
9. Dan Baum, «Legalize It All», Harper's Magazine, abril de 2016. Para el escepticismo, véanse las respuestas recogidas por German Lopez, Vox, 29 de marzo de 2016, incluidas las de historiadores de la política de drogas de Nixon. ↩
10. El relato de Thomas Römer sobre la consulta del Elíseo de 2003, publicado en Allez savoir! (Universidad de Lausana), n.º 43 (2009); las memorias del propio Chirac y las entrevistas con Jean-Claude Maurice, Si vous le répétez, je démentirai (París: Plon, 2009). ↩
11. Susan Sontag, «Regarding the Torture of Others», New York Times Magazine, 23 de mayo de 2004. ↩