Cómo venció el FPR

El 2 de octubre de 1990, el segundo día de la guerra, el comandante del Frente Patriótico Ruandés murió de un disparo. En una semana murieron también dos de los tres comandantes de alto rango restantes. La fuerza había cruzado la frontera con armamento ligero y sin una retaguardia segura, contra un ejército que en pocos días recibía oficiales franceses, entrenamiento francés y equipo francés. A finales de octubre había sido empujada de vuelta a las montañas y estaba, según casi todas las valoraciones externas, acabada.

Tres años y nueve meses después dominaba el país.

Este capítulo trata de cómo, y la respuesta no es principalmente táctica. Trata de lo que ocurre cuando una organización política la construye gente que no tiene alternativa, porque el mundo ha pasado treinta años tratando su apatridia como un hecho administrativo zanjado.

La generación que no tenía adónde volver

El capítulo 24 terminó con entre 120.000 y 300.000 tutsis expulsados de Ruanda entre 1959 y 1964, y más en 1973. Lo que se dice menos es qué pasó con ellos después: nada. Los sucesivos gobiernos ruandeses rechazaron su regreso alegando que el país estaba lleno. Habyarimana repitió la postura durante dos décadas, con una metáfora que le gustaba: Ruanda era un vaso lleno hasta el borde, en el que no cabía otra gota. La comunidad internacional lo aceptó. La doctrina del ACNUR de entonces sostenía que las crisis de refugiados terminaban de tres maneras, repatriación, integración local o reasentamiento, y para el caso ruandés ninguna de las tres se persiguió nunca en serio.

Así, una población creció en campamentos y en el exilio en Uganda, Burundi, Tanzania y Zaire: hacia finales de los ochenta quizá medio millón de personas, muchas nacidas fuera de Ruanda y sin ciudadanía en ninguna parte. La apatridia no es una abstracción; es una condición administrativa cotidiana. Decide si puedes poseer tierra, presentarte a un examen, aceptar un trabajo, cruzar el límite de un distrito. En Uganda los refugiados fueron una y otra vez blanco de la movilización política local, culpados por turnos de los crímenes de los años de Amin y de la presión sobre la tierra en el suroeste. En octubre de 1982 el gobierno de Obote expulsó de sus tierras en Ankole a decenas de miles de banyarwanda; las juventudes del partido quemaron casas y se llevaron el ganado; Ruanda admitió a unos pocos miles y cerró la frontera; el resto quedó varado durante meses en una franja de tierra de nadie entre dos Estados, cada uno insistiendo en que pertenecían al otro.¹

Ese es el hecho formativo. Fue una generación para la que no había vida ordinaria disponible ni vía legal de regreso, y a la que se le había dicho, en la práctica, que su inexistencia era permanente. La lección que sus miembros extrajeron es la que subyace a todo lo que sigue: la ciudadanía no es un sentimiento sino una protección, y nadie te la restituye.

El aprendizaje

Muchos de ellos se hicieron su propio camino. Cuando Yoweri Museveni lanzó su guerra de guerrillas contra el gobierno de Obote en febrero de 1981, con unas pocas decenas de combatientes y un puñado de fusiles, había exiliados ruandeses en el grupo original, y se sumaron miles más a medida que la guerra y la persecución de los banyarwanda se alimentaban mutuamente: para un joven refugiado en la Uganda posterior a 1982, un ejército rebelde disciplinado era en cierto sentido la dirección más segura disponible. Fred Rwigyema llegó a viceministro de Defensa y subcomandante del ejército en el gobierno ugandés victorioso; Paul Kagame llegó a jefe de la inteligencia militar del NRA. Cuando el Ejército de Resistencia Nacional tomó Kampala en enero de 1986, los ruandeses constituían una fracción sustancial de la fuerza, según la estimación de Prunier unos tres mil de quizá catorce mil combatientes.²

Habían adquirido, por tanto, a costa de otro, exactamente lo que una insurgencia requiere: cinco años de guerra de guerrillas exitosa, experiencia de estado mayor, un aparato de inteligencia y un modelo funcional de ejército políticamente organizado, capaz de alimentarse sin saquear y que trataba a la población civil como el terreno que importa. No es casual que el código de conducta del NRA reaparezca, casi cláusula por cláusula, en la fuerza que describe este capítulo.

Entretanto la organización política se formó en paralelo. La Alianza Ruandesa por la Unidad Nacional, fundada en 1979 tras otra ronda más de violencia contra los refugiados, pasó a llamarse Frente Patriótico Ruandés en un congreso de 1987. Su programa no era, sobre el papel, étnico: retorno de los refugiados, unidad nacional, fin del sistema de clasificación étnica, fin de la corrupción, democracia. Para entonces sus miembros incluían tanto a opositores hutus del régimen como a exiliados tutsis, hecho que la propaganda del régimen dedicaría cuatro años a negar.

Hacia 1989–90 la política interna ugandesa se había vuelto claramente contra la presencia ruandesa en el ejército: restricciones parlamentarias a los derechos de tierra de los banyarwanda, agitación contra los oficiales refugiados y, finalmente, la destitución de Rwigyema y de Kagame de sus puestos. Museveni tenía una deuda con los refugiados y no podía permitirse políticamente seguir pagándola. La ventana se cerró, y el FPR se movió.

Octubre de 1990: la casi aniquilación

La invasión del 1 de octubre de 1990 fue, en su mecánica, una deserción. En los días anteriores, soldados de origen ruandés se escabulleron de unidades del NRA por toda Uganda con sus armas, sus uniformes y una cantidad de vehículos, y convergieron en el puesto fronterizo de Kagitumba: entre dos y cuatro mil hombres, entrando en un país que la mayoría no había visto nunca.

Salió mal de inmediato. Rwigyema murió el 2 de octubre, en una colina a pocos kilómetros de la frontera. La versión oficial es una bala perdida; una versión alternativa persistente, que Prunier recoge sin suscribir, sostiene que le dispararon en una disputa sobre la estrategia con sus propios subordinados. Las circunstancias nunca se han establecido de forma definitiva, y las muertes en pocos días de otros dos comandantes de alto rango, Peter Bayingana y Chris Bunyenyezi, son a su vez objeto de relatos contradictorios.³ Lo que no se discute es el resultado: una fuerza que había perdido a su dirección en la primera semana, avanzando por carreteras abiertas contra un ejército que se reforzaba a cada hora.

Francia, Bélgica y Zaire desplegaron tropas. La Operación Noroît, cuya trayectoria de cuatro años examinó el capítulo 25 desde el lado parisino, empezó en pocos días. Zaire envió unidades de la guardia presidencial de Mobutu, que saquearon y violaron con tanta energía que Habyarimana les pidió que se marcharan en semanas. Y en Kigali, la noche del 4 al 5 de octubre, el gobierno escenificó un ataque contra su propia capital: horas de tiroteo de sus propias tropas, atribuido a infiltrados del FPR y usado como pretexto para detener a miles de tutsis y de opositores (las estimaciones van de ocho a trece mil), muchos de ellos retenidos meses sin cargos. El patrón de la guerra que venía quedó fijado en su primera semana: respuesta militar en el exterior, castigo racial en casa.

Kagame estaba entonces en Estados Unidos, en un curso en el Army Command and General Staff College de Fort Leavenworth. Voló de vuelta, tomó el mando de una fuerza rota y tomó la decisión que la salvó: en vez de pelear por un terreno que no podía sostener, el FPR se retiró al noroeste, a los volcanes Virunga, terreno alto, frío y boscoso por encima de los 3.000 metros, donde un ejército convencional no podía seguirlos con facilidad.

Lo que siguió durante el invierno de 1990–91 es la bisagra de la campaña. En condiciones espantosas, con hombres muriendo de frío y de hambre, se reconstruyó la fuerza: reorganizada en una estructura guerrillera convencional, reentrenada, resuministrada por canales encubiertos y, algo crucial, reforzada por una oleada de reclutas de la diáspora, incluidos estudiantes y profesionales que dejaron universidades y empleos en el extranjero para alistarse. Se impuso un código de conducta estricto, aplicado con ejecuciones, porque la estrategia política exigía que la población no viviera a la fuerza como una banda de forajidos.⁴

1991–1993: la guerra

La fuerza reconstituida se anunció el 23 de enero de 1991 con un asalto a Ruhengeri, el bastión norteño del régimen: tomó la ciudad en una mañana, la mantuvo un día, vació la prisión y se retiró. Entre los presos liberados estaba Théoneste Lizinde, en su día jefe de seguridad del propio Habyarimana, encarcelado tras enemistarse con el presidente; se marchó con el FPR. La operación se diseñó tanto por su señal como por su efecto, y la señal se recibió: la fuerza destruida en octubre era capaz de tomar una ciudad de guarnición a voluntad.

El patrón de los dos años siguientes fue: ofensivas del FPR que tomaban territorio en el norte, seguidas de negociaciones, seguidas de matanzas de civiles tutsis organizadas por el gobierno en otras partes del país (Kibilira, el país de los bagogwe, Bugesera), seguidas de nuevas ofensivas. A lo largo de 1992 el FPR penetró en la prefectura de Byumba y mantuvo una franja cada vez más ancha del norte, tras un frente que el ejército gubernamental, pese a todo su crecimiento, no podía cerrar.

La ofensiva de febrero de 1993 merece un párrafo propio, porque cortó en las dos direcciones. Lanzada tras las matanzas del noroeste, rompió la línea gubernamental en días, duplicó aproximadamente el territorio bajo control del FPR y llegó a unos treinta kilómetros de Kigali antes de detenerse, decisión tomada bajo fuerte presión diplomática y ante un nuevo despliegue francés. Militarmente zanjó la cuestión de qué ejército ganaría una lucha a muerte. Políticamente fue cara: cerca de un millón de personas huyeron al sur por delante del avance, aproximadamente una séptima parte del país, hacia campamentos miserables que rodeaban la capital. Los desplazados se convirtieron en el terreno de reclutamiento más fértil de los partidos extremistas, y a los propagandistas del Poder Hutu se les entregó exactamente la imagen que su teoría requería: un ejército tutsi invasor expulsando a los hutus de sus tierras.⁵ La ofensiva que demostró que el FPR podía tomar Kigali alimentó también la maquinaria que haría necesario tomar Kigali.

Los Acuerdos de Arusha, firmados el 4 de agosto de 1993 tras un año de negociación, registraron esa realidad militar sobre el papel. Sus términos eran llamativamente favorables al FPR, que negoció mejor que una delegación gubernamental dividida: un gobierno de transición de base amplia en el que la presidencia quedaba reducida a un cargo en gran medida ceremonial; el retorno de los refugiados por derecho, poniendo fin a la ficción de treinta años de que el vaso estaba lleno; y la integración de los dos ejércitos, con el FPR aportando el cuarenta por ciento de la tropa y el cincuenta por ciento del cuerpo de oficiales, condiciones que implicaban la desmovilización de decenas de miles de soldados gubernamentales sin otro medio de vida. La CDR, el partido racialista situado a la derecha del presidente, quedó excluida de las instituciones de transición por insistencia del FPR; si la exclusión endureció a hombres que ya planeaban el exterminio, o si simplemente se negó a darles un veto sobre la paz, se sigue discutiendo, y esta crónica anota la discusión sin fingir que está zanjada.⁶ La aplicación de todo el edificio se encomendó a la UNAMIR, una fuerza de la ONU autorizada en octubre de 1993 con un mandato y un presupuesto calibrados para una paz que se suponía que ambas partes querían. Para el núcleo duro en torno al presidente, como describió el capítulo 25, Arusha no era un acuerdo sino una sentencia de muerte, y respondieron en consecuencia.

Una disposición importa más que ninguna para lo que sigue: los Acuerdos estacionaron en Kigali un batallón del FPR de 600 hombres para proteger a los políticos entrantes del Frente, acuartelado en el CND, el edificio del parlamento, bajo supervisión de la ONU. Ese batallón estaba en la capital cuando empezó la matanza.

Abril–julio de 1994

Cuando empezó el genocidio, el FPR hizo tres cosas a la vez, y conviene ser claro en que estaban en tensión entre sí.

Rompió el cerco en Kigali: la tarde del 7 de abril, con las barreras levantadas y las listas en uso, el batallón de 600 hombres se abrió paso a tiros desde el recinto parlamentario y mantuvo posiciones en la ciudad hasta que llegaron las columnas del norte.

Avanzó hacia el sur: una ofensiva general desde el norte, con rapidez, con el objetivo de tomar el país y no de negociar. El diseño era de envolvimiento y no de asalto frontal: por el lado oriental del país, luego girando al oeste y al sur, aislando la capital y dejando a las fuerzas gubernamentales elegir entre combatir a un ejército o continuar el exterminio. El FPR rechazó repetidos llamamientos al alto el fuego, con el argumento declarado de que un alto el fuego congelaría las líneas mientras la matanza continuaba detrás de ellas; sea lo que sea que pueda decirse de esa postura, la matanza de hecho continuaba detrás de ellas. Kigali cayó el 4 de julio; Gisenyi y el noroeste el 17 de julio; el 18 de julio se declaró un alto el fuego unilateral.

Y llevó a cabo operaciones de rescate: se enviaron destacamentos a extraer supervivientes de concentraciones conocidas de refugiados, miles de ellos acogidos en el estadio Amahoro bajo protección nominal de la ONU, otros trasladados mediante intercambios negociados desde el Hôtel des Mille Collines y otros lugares sitiados a través de las líneas, y columnas de gente fueron llevadas a pie hacia el norte, cruzando el frente, hasta ponerse a salvo. Decenas de miles de personas sobrevivieron gracias a esas operaciones. También frenaron el avance principal, lo que es un coste estratégico real y que algunos de los propios mandos del FPR discutieron en su momento.⁷

El hecho llano, que ningún relato serio discute: el genocidio lo detuvo el FPR. No las Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad votó el 21 de abril, con dos semanas de matanza a cuestas, recortar su fuerza de unos 2.500 hombres a 270, y cuya fuerza de sustitución de 5.500 efectivos, autorizada en mayo, apenas había empezado a llegar cuando terminó la guerra; no Estados Unidos, que evitaba la palabra; no Francia, cuya intervención llegó en el último mes y en la zona controlada por los perpetradores. Lo detuvo un ejército rebelde de apátridas, contra un Estado con un ejército mayor y un padrino extranjero.

Hay que consignar una postura más, porque suele malinterpretarse. El FPR se opuso a la Operación Turquesa y declaró públicamente que las tropas francesas que entraran en su zona serían tratadas como hostiles. Dado el capítulo 25, la oposición no requiere explicaciones elaboradas: el Estado que proponía una intervención humanitaria en junio era el padrino del ejército que estaba siendo derrotado, y la «zona humanitaria segura» que estableció se convirtió de hecho en el corredor por el que el gobierno, el ejército y la milicia genocidas pasaron intactos a Zaire. Ese resultado, y lo que creció de él, es el tema del capítulo 27.

Por qué venció

• Cohesión nacida de no tener alternativa. No había ningún futuro negociado en el que esta gente pudiera volver a casa como ciudadanos corrientes. Todos los acuerdos anteriores los habían dejado fuera. Eso produce una clase de persistencia que rara vez tienen los ejércitos mejor abastecidos.
• Competencia profesional. El aprendizaje ugandés dio al FPR un estado mayor, un servicio de inteligencia y mandos que ya habían ganado una guerra. El ejército ruandés, en cambio, triplicó su tamaño en tres años y estaba lleno de hombres reclutados a toda prisa, mal pagados y mal dirigidos.
• Disciplina como estrategia. Una fuerza que no saqueaba podía operar entre una población a la que se le había dicho que venía a matarla.
• El enemigo se destruyó a sí mismo. El genocidio desvió las fuerzas del gobierno, su transporte, la atención de su mando y su munición a asesinar civiles en lugar de combatir a un ejército. Aniquiló además la posición internacional del régimen justo cuando más apoyo necesitaba. El genocidio fue, entre todo lo demás que fue, una decisión militar catastrófica.

Lo que se heredó el 18 de julio de 1994

Un país con cerca de un millón de muertos sin enterrar. Dos millones de personas fuera de sus fronteras, incluido todo el aparato del Estado anterior. Ninguna moneda, ni sistema bancario, ni suministro de agua, ni red eléctrica, ni tribunales, ni policía en funcionamiento. Aproximadamente un tercio de la población desplazada internamente. El tesoro nacional físicamente sustraído. Cientos de miles de huérfanos. Una judicatura de la que muy pocos miembros seguían vivos o en el país. Y una población en la que perpetradores y supervivientes vivirían, en pocos años, en las mismas colinas.

Lo que se construyó sobre eso es el capítulo 28. Lo que los derrotados se llevaron consigo al otro lado de la frontera es el capítulo 27.

Notas

1. Sobre la condición de refugiado y las expulsiones de 1982, Mahmood Mamdani, When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda (Princeton: Princeton University Press, 2001), en el capítulo sobre la crisis de ciudadanía de los banyarwanda en Uganda; Gérard Prunier, The Rwanda Crisis: History of a Genocide (Nueva York: Columbia University Press, 1995), cap. 2. ↩
2. Prunier, The Rwanda Crisis, cap. 2, para los años del NRA y la estimación de la fuerza banyarwanda en la caída de Kampala; Stephen Kinzer, A Thousand Hills: Rwanda's Rebirth and the Man Who Dreamed It (Hoboken: Wiley, 2008), sobre Rwigyema, Kagame y el aprendizaje ugandés. ↩
3. Las versiones enfrentadas sobre la muerte de Rwigyema se exponen en Prunier, The Rwanda Crisis, cap. 3, que recoge la versión de la disputa interna sin suscribirla; véase también Kinzer, A Thousand Hills. ↩
4. Prunier, The Rwanda Crisis, caps. 3–4; Colin M. Waugh, Paul Kagame and Rwanda (Jefferson: McFarland, 2004); Philip Gourevitch, We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed with Our Families (Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 1998). Para un relato crítico de la política interna del FPR, Filip Reyntjens, Political Governance in Post-Genocide Rwanda (Cambridge: Cambridge University Press, 2013). ↩
5. Sobre la ofensiva de febrero de 1993 y el desplazamiento que causó, Prunier, The Rwanda Crisis, cap. 5; Alison Des Forges, Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda (Nueva York: Human Rights Watch, 1999), sobre las matanzas que la precedieron y la radicalización que la siguió. ↩
6. Sobre las negociaciones de Arusha, sus términos y la cuestión de la CDR, André Guichaoua, From War to Genocide: Criminal Politics in Rwanda, 1990–1994 (Madison: University of Wisconsin Press, 2015); Prunier, The Rwanda Crisis, sobre los acuerdos y el protocolo de integración de los ejércitos. ↩
7. Roméo Dallaire, Shake Hands with the Devil (Toronto: Random House Canada, 2003), para la situación en Kigali, el estadio Amahoro y los intercambios a través de las líneas; Des Forges, Leave None to Tell the Story, sobre el curso de la campaña del FPR. ↩
8. Sobre el episodio Gersony, Des Forges, Leave None to Tell the Story, pp. 726–731, que analiza tanto los hallazgos como las circunstancias de su supresión, y la documentación en la misma obra de las matanzas cometidas por el FPR durante la campaña. ↩